El pasado 28 de febrero venció el término otorgado al Estado venezolano para presentar sus observaciones a la solicitud del Fiscal de la Corte Penal Internacional de reanudar la investigación en el país. Ese día el Estado consignó un escrito para impugnar la solicitud del Fiscal. Sin embargo, en lugar de limitarse a tramitar institucionalmente la controversia jurídica en torno a la adecuación y efectividad de la justicia en Venezuela, el Estado rompió nuevamente las formas al emitir un comunicado vía Cancillería desacreditando el proceso.
En el comunicado publicado en la misma fecha, el Estado tildó de “colonialismo jurídico” el proceso ante la CPI, señalando que presentó un escrito de defensa “con el cual desmiente todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica para acusar a Venezuela”. En esta postura de descalificación incluyó al propio sistema penal internacional al afirmar que “Venezuela denunció los vínculos probados de la Fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte”. A este ataque contra el sistema penal internacional, cónsono con la política oficial de debilitar el multilateralismo en general, se sumó la cuenta de Twitter de la Cancillería venezolana promoviendo una campaña contra la CPI mediante la etiqueta #NoAlColonialismoJurídico.
La agresión de Venezuela tiene lugar en medio de un proceso de participación ante la CPI de numerosas víctimas de crímenes graves perpetrados por el Estado para conocer su opinión sobre la solicitud del Fiscal de reanudar la investigación en Venezuela. Al 23 de febrero, la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas de la CPI indicó en su Segundo Informe que entre el 13 de enero y 14 de febrero de 2023 realizó una evaluación preliminar de 80 formularios, en nombre de un total de 441 individuos y 47 familias. Se espera que el número de denuncias aumente a medida en que se acerque el vencimiento del plazo previsto para el 7 de marzo de este año. Como era de esperarse, todos los formularios apoyan la solicitud del Fiscal de la CPI, así como ocurrirá probablemente con los que se estén recibiendo en este momento. Además, el Segundo Informe se pronunció sobre el proyecto de ley en curso contra la sociedad civil, manifestando que “pretende controlar, restringir, sancionar y disolver las ONG que operan en Venezuela”. Frente a esto, el Estado optó por agredir frontalmente.
El Fiscal de la CPI debe ofrecer al 21 marzo su respuesta al escrito presentado por el Estado el 28 de febrero, mientras que éste deberá al 28 de marzo emitir su opinión sobre la respuesta que el Fiscal envíe. El 31 de marzo es la fecha máxima para el Fiscal emitir su informe sobre los alegatos que remita el Estado. Paralelamente, luego del plazo del 7 marzo para que las víctimas envíen sus opiniones sobre la reanudación de la investigación, hasta el 21 de marzo la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas debe presentar informe sobre las contribuciones recibidas. A partir de abril de 2023 se espera la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre si la investigación sobre Venezuela debe continuar o no.
Es necesario que la comunidad internacional siga brindando protección a las víctimas en Venezuela y en el exterior luego de participar por primera vez ante la CPI y que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado de la justicia penal internacional sobre Venezuela considerando posibles presiones que adelante el Estado.