El 21 de abril de 2023, la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones de la Corte Penal Internacional (VPRS, por sus siglas en inglés) publicó un informe en su portal web en el que afirma que el Estado venezolano “no está dispuesto a investigar y juzgar” las acciones perpetradas por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados que han afectado varios derechos de la población. Para el 7 de marzo de 2023, el documento reportó 1875 opiniones, excluyendo formularios duplicados y otros retirados, que contienen aproximadamente a 8900 personas, 2 instituciones u organizaciones y aproximadamente 630 familias. Según recoge el informe, “las víctimas apoyan mayoritariamente la solicitud del fiscal de la CPI de continuar la investigación. Sostienen que el Gobierno no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos, con total impunidad, para las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos’”[1]
El informe de la VPRS expresa que los principales motivos de apoyar la investigación del fiscal de la CPI se deben a lo siguiente. Primero, la falta percibida de independencia judicial e imparcialidad del poder judicial venezolano es ampliamente referida por las víctimas en sus formularios, y respaldada por observaciones de informes tanto internacionales como nacionales. Segundo, las medidas de reforma judicial adoptadas en Venezuela son limitadas y no abordan la falta de procesos genuinos. Tercero, la CPI debe llevar ante la justicia a los perpetradores ya que en Venezuela se está blindando de responsabilidad penal a los máximos responsables de la comisión de delitos. Cuarto y último motivo, la investigación de la CPI es vista como una oportunidad única para que se escuchen las voces de las víctimas, conocer la verdad sobre lo que les sucedió, poner fin a la impunidad y prevenir futuros delitos.
Adicionalmente, el informe de la VPRS contiene distintos aspectos que reflejan la realidad venezolana, como la “desafiante situación de seguridad a la que se exponen víctimas y defensores de derechos humanos y otros sectores de la sociedad civil como los periodistas”. También hace referencia al proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de Las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, el cual es calificado por la VPRS como “un esfuerzo más para obstruir y controlar a la sociedad civil en Venezuela”. Del mismo modo, se señalan preocupaciones comunes en los formularios, tales como que numerosas víctimas no participaron por motivos de seguridad y miedo a represalias, por desafíos logísticos sobre conectividad a Internet o al servicio eléctrico, así como por falta de información en el contexto de la censura generalizada impuesta por el gobierno, entre otras.
El documento manifiesta que no sólo las víctimas respaldan la continuación del proceso ante la CPI sino que piden que la investigación extienda su marco temporal y material, de manera de que abarque un mayor número de delitos cometidos desde el año 2014, incluyendo los crímenes de asesinato y desplazamiento forzado. Todo esto nuevamente reafirma la ausencia de capacidad y voluntad política para hacer justicia en Venezuela y se corresponde más bien con una intención de dar una apariencia procesal para garantizar la impunidad de los autores.
Ante la contundente evidencia ante la CPI, el gobierno de Venezuela mediante declaraciones de su vocero Jorge Rodríguez ha decidido condicionar la continuación del diálogo en México a que se suspenda la investigación de la Corte Penal Internacional. El vocero de Maduro alega que las investigaciones de la CPI “afectan directamente a nuestros líderes más importantes”, a pesar de que, hasta ahora, la CPI no ha señalado nombres.
Esta exigencia -ignorada en la declaración leída por el canciller colombiano al finalizar la Cumbre sobre Venezuela en Bogotá- no puede ser aceptada pacíficamente. La negociación y la justicia pueden y deben ir de la mano, pero no usando la impunidad como una ficha de cambio. La comunidad internacional tiene un papel para que el gobierno retome el camino de la negociación entendiéndola como una oportunidad de reestructurar su sistema de justicia y avanzar en acuerdos políticos que garanticen la gobernabilidad democrática.
[1] /https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RelatedRecords/0902ebd180441579.pdf