El 3 de mayo de 2023, la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, una alianza internacional de la ONU, la Unión Europea y organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan conjuntamente en la materia, publicó el Informe mundial sobre las Crisis Alimentarias[1]. El documento concluye que alrededor de 258 millones de personas en 58 países y territorios padecen un nivel de inseguridad alimentaria “de crisis” o peor en 2022, comparado con los 193 millones de personas en 53 países y territorios en 2021. Se trata de la cifra más alta en los siete años de historia del informe, el cual mide el grado de inseguridad alimentaria empleando una clasificación dividida en fases (IPC, por sus siglas en inglés) compuesta por cinco niveles: ninguna (fase 1), estrés (fase 2), crisis (fase 3), emergencia (fase 4) y catástrofe (fase 5).
En América Latina y el Caribe, 17,8 millones de personas, equivalente al 27% de la población analizada, está expuesta a altos niveles de inseguridad alimentaria en 8 países. Según el informe, cuatro países registraron lagunas de datos, los cuales son Cuba, Ecuador (sólo respecto de residentes), Perú (respecto de residentes, refugiados y migrantes) y Venezuela. En el caso venezolano se añade una preocupación adicional: “el epicentro de la crisis migratoria en la región no tenía ningún dato de inseguridad alimentaria respaldado a nivel nacional y disponible públicamente en 2022”. Esta situación contrasta abiertamente con la información disponible en países como Colombia y Ecuador que sí reportan la inseguridad alimentaria, incluyendo de la población venezolana en sus territorios. Según el informe, la falta de capacidades de los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú para atender a cerca del 75% de refugiados y migrantes venezolanos del total general en sus territorios en medio de los impactos económicos globales, motivó a tales países a solicitar asistencia externa en 2022, razón por la cual fueron considerados para su inclusión como países de inseguridad alimentaria por primera vez.
El documento complementariamente expresa que la movilidad venezolana es uno de los disparadores de la inseguridad alimentaria a nivel regional. “Una causa importante del aumento regional en el número de personas en la Fase 3 o superior de la CIF, particularmente desde 2018, es la escalada de la crisis humanitaria en Haití y la inclusión de estimaciones para refugiados y migrantes de la República Bolivariana de Venezuela”. Al respecto, se señala que la población venezolana sigue abandonando el país “impulsada por una situación política, socioeconómica y de derechos humanos desafiante”. También se indica que para fines de 2022 residen 6,03 millones de personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe.
El registro de la situación de personas migrantes y refugiadas venezolanas se evidencia con factores como el empeoramiento de la inseguridad alimentaria, junto con el acceso limitado a agua e higiene y a la atención médica, lo que en su conjunto conforma un desafío nutricional, además del aumento del costo de vida y los altos niveles de pobreza, En contraste, la información sobre la situación de los personas en Venezuela es de absoluta opacidad. La falta de acceso a la información es uno de los problemas estructurales de la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país. Un estudio de 2022 de la organización Espacio Público señala que, incluso tras la promulgación de una ley de acceso a la información en 2021, se mantiene un alto nivel de opacidad en el manejo de la información en Venezuela que se remonta al menos a 2007. En 2022, a través de 79 peticiones de información realizadas a distintos sujetos obligados, 66 fueron recibidas (83,54%), mientras que 13 fueron rechazadas (16,46%). Sin embargo, de las solicitudes recibidas, la organización revela que 65 no obtuvieron respuesta (98,48%)[2].
La situación de inseguridad alimentaria es grave en Venezuela. Las personas migrantes y refugiadas son un indicador elocuente de ello. En contraste al informe de la Red Mundial Contra la Crisis Alimentarias, el 18 de enero de 2023 fue publicado el Informe Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional de América Latina 2022 de Naciones Unidas[3], el cual reporta que “en Sudamérica, la República Bolivariana de Venezuela tuvo la mayor prevalencia de subalimentación (22,9%), que en números absolutos equivale a 6,5 millones de personas (…). El hambre aumentó significativamente en la República Bolivariana de Venezuela, en 18,4 puntos porcentuales, es decir, 5 millones más de personas con hambre entre los períodos 2013-2015 y 2019-2021”. Allí también se expresa claramente que los niveles de emaciación o desnutrición aguda superior al 3% incluyen, entre los países, a Venezuela, con el 4,1%.
AlertaVenezuela lamenta la falta de información de Venezuela para el Informe mundial sobre las Crisis Alimentarias, lo que es una barrera clave para entender su emergencia humanitaria compleja; sin embargo, también lamenta la falta de análisis y posicionamiento del informe y de los organismos internacionales que lo respaldan al respecto. No sólo existen informes independientes, precisos y creíbles sobre la inseguridad alimentaria en el país, sino que, ante una situación tan grave y prolongada en Venezuela y fuera de su territorio, especialmente en América Latina, no puede dejarse de lado la evaluación de un país alegando la ausencia de datos oficiales. La opacidad es parte del problema y debe condenarse junto a todos sus impactos.
[1] https://www.fsinplatform.org/global-report-food-crises-2023
[2] https://espaciopublico.ong/un-ano-de-la-ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-de-interes-publico/
[3] https://www.paho.org/es/documentos/panorama-regional-seguridad-alimentaria-nutricional-america-latina-caribe-2022