El 10 de junio, sin más anuncio previo que una rápida mención cuando estaba en Bogotá, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, realizó una rápida visita a Venezuela. En su breve paso por el país se reunió con Maduro, con el fiscal impuesto por la asamblea nacional constituyente, con la vicepresidente y con la presidente del Tribunal Supremo de Justicia; también tuvo un encuentro con el cuerpo diplomático y con el Coordinador Residente del sistema de las Naciones Unidas en Venezuela. No hubo declaraciones a la prensa ni contacto con las víctimas. Tan solo el 13 de junio, la oficina de prensa de la CPI publicó una nota sobre la visita, lo que indica que el Fiscal prefirió tomarse su tiempo para pensar con cuidado lo que quería dejar sentado sobre su paso por Venezuela.
No deja de ser llamativo que Khan haya estado en un país aliado de Rusia, cuyo gobierno inició una investigación y acordó una orden de detención en su contra, en represalia por la orden de captura contra Putin por la deportación ilegal de niños ucranianos emitida en marzo pasado por la Fiscalía de la CPI. Maduro debió darle a Khan garantías de respeto a su inmunidad como funcionario internacional, por encima de su respaldo a Moscú en las atrocidades durante la invasión a Ucrania.
Durante su breve visita, Khan firmó un memorándum de entendimiento con Maduro. Aunque todavía se desconoce el contenido de este nuevo memorándum, Khan afirmó que con el mismo podría “aumentar la escala y el impacto de nuestra presencia de campo en Venezuela, ampliar la interfaz nacional para nuestro trabajo y buscar identificar y apoyar esfuerzos significativos para mejorar las iniciativas nacionales de justicia”.
De regreso en La Haya, Khan aprovechó para reconocer la existencia de desacuerdos de Maduro con sus decisiones y recordó que “[e]sa diferencia de opiniones, por supuesto, subsiste, y se refleja en el proceso que actualmente se lleva a cabo ante los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional, cuya autorización he buscado para reanudar la investigación luego de la solicitud del Gobierno de Venezuela de diferimiento a favor de actuaciones realizadas por autoridades nacionales venezolanas”.
El Fiscal también tuvo el cuidado de resaltar la importancia de la rendición de cuentas “junto con el trabajo de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos”, lo que evidencia nuevamente los cercanos canales de comunicación abiertos entre su oficina y la OACNUDH, especialmente con la Misión internacional Independiente de Establecimiento de Hechos sobre Venezuela, cuya existencia es rechazada, atacada y censurada por el gobierno de Maduro.
¿Qué viene ahora? Khan dejó claro que su oficina seguirá trabajando en dos carriles simultáneamente: la investigación del caso Venezuela I y el fortalecimiento de capacidades de la justicia venezolana para cumplir con el Estatuto de Roma. Aseguró que ya vio instalaciones donde podría ubicarse su oficina en Caracas y reiteró su interés en “continuar fortaleciendo nuestro compromiso crucial con la sociedad civil”.
No hay duda de que el Fiscal Khan está atento a la decisión de la Sala de Asuntos Preliminares para retomar la investigación del caso Venezuela I. En respuesta a su visita, el fiscal impuesto por la asamblea constituyente sostuvo que la apertura de una oficina de la CPI en Venezuela es una intromisión innecesaria y que muchas denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos humanos ante la CPI son promovidas por personas que no son víctimas. Afirmaciones como las de Saab solo contribuyen para que el Fiscal de la CPI reafirme su convicción sobre la necesidad de proseguir con esta investigación.