El 30 de mayo de 2023, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), emitió sus Observaciones Finales sobre el noveno informe periódico sobre Venezuela, luego de su séptimo y octavo examen conjuntos en 2014.
Como es habitual en este tipo de informes de los órganos de tratados, se reflejan aspectos positivos relativos a la aplicación de la convención analizada, como reformas legales, así como las principales preocupaciones y recomendaciones de la CEDAW, las cuales superan significativamente los escasos progresos registrados en el Estado. Entre las observaciones críticas destacan las relativas al acceso igualitario a la justicia, la prevención de la violencia de género, la trata de personas ante la crisis migratoria, el acceso a la salud sexual y reproductiva y el cese de la estigmatización y hostigamiento estatal contra las mujeres de perfil público como las defensoras de derechos humanos, las periodistas y lideresas de la oposición.
La CEDAW inició con una valoración de contexto en la que señala el impacto de las sanciones contra Venezuela sin por ello dejar de reconocer explícitamente la existencia de una crisis humanitaria desde 2015. Al respecto, el órgano internacional “observa con preocupación el impacto socioeconómico de las sanciones impuestas al Estado parte por varios terceros Estados, lo que agudiza el deterioro de la economía y la compleja situación humanitaria que vive el país desde 2015, afectando todos los ámbitos de la vida social, y teniendo un impacto diferenciado en mujeres y niñas”. Para la CEDAW, Venezuela no puede justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en las sanciones financieras que iniciaron 2017. En 2014 ya había una explosión de la crisis sanitaria y alimentaria que derivó en una emergencia humanitaria compleja por acciones exclusivamente imputables al Estado[1].
Entre otros aspectos sustantivos, la CEDAW señaló las barreras existentes de las mujeres en el acceso efectivo a la justicia, particularmente de las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas a menudo afectadas por la desconfianza en las autoridades, así como los obstáculos económicos y la limitada disponibilidad de asistencia jurídica gratuita. La CEDAW reiteró una preocupación que es compartida en el sistema internacional de derechos humanos: la denuncia de Venezuela sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual priva a millones de mujeres de acceder a un mecanismo de justicia regional ante los abusos. En un tono similar, instó al Estado a ratificar la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas.
También hubo cuestionamientos sobre la alta incidencia de la violencia de género contra las mujeres y las niñas en el país, en particular, la persistencia de feminicidios, desapariciones y violencia psicológica, respecto de los cuales ni siquiera hay un registro público de recopilación de datos, por lo que el Estado carece de voluntad política para atender estos problemas. El Comité en este sentido dedicó un apartado a las mujeres víctimas de trata, subrayando la situación en el Arco Minero del Orinoco y lamentando que el Estado no haya adoptado una ley específica ni publicado el plan nacional en la materia. En general, se señaló la ausencia de recursos humanos, técnicos y financieros para garantizar servicios de apoyo adecuados.
El llamado a legalizar el aborto, el reconocimiento a la identidad de género, a garantizar el acceso asequible a los servicios de salud sexual y reproductiva, al empleo formal, a la educación y al empoderamiento económico, así como a la igualdad política, fueron parte de las recomendaciones de la CEDAW al Estado. Un mensaje transversal fue el deber de respetar y garantizar los derechos de las mujeres adoptando medidas en el contexto venezolano.
A pesar del balance crítico de estas recomendaciones, la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH) preparó una nota de prensa que generó reacciones de las ONG que contribuyeron con informes alternativos al examen de la CEDAW. Las enviaron una carta privada de protesta y sostuvieron encuentros con la OACNUDH, pidiendo como reparación la amplia difusión de las recomendaciones. A la fecha la OACNUDH no ha cumplido con lo acordado. AlertaVenezuela se une al llamado de la sociedad civil de cumplir con lo exigido y solicita a la OACNUDH actuar en sintonía con las preocupaciones expresadas por la CEDAW.
[1] Véase al respecto: https://alertavenezuela.org/blog/2022/05/25/cuatro-ficciones-del-oficialismo-y-como-desmontarlas-ii/