En la anterior entrega, se trataron las ficciones de “Venezuela se arregló” y “Venezuela coopera” sumando varas de medición para ayudar a determinar la voluntad política del gobierno. En esta edición se hará lo propio con las últimas dos ficciones que integran la actual narrativa propagandística del gobierno: “las sanciones como culpables” y la “disposición al diálogo”. Las sanciones como culpables de la crisis Las sanciones han venido a ser una justificación recurrente de todos los problemas actuales; sin embargo, detrás de ello se esconde convenientemente una serie de decisiones económicas y sociales que han sido la base de una crisis preexistente a las medidas sancionatorias. La explosión de la crisis sanitaria y alimentaria (primer trimestre de 2014) es muy anterior a las primeras sanciones financieras de agosto de 2017 y a las sanciones económicas y petroleras de mayor calado de noviembre de 2018. Si bien las sanciones son posteriores y agudizaron un ciclo económico con muy marcada tendencia recesiva, especialmente en perjuicio de los grupos más vulnerables, el Estado venezolano, lejos de intentar mitigar los efectos de las sanciones en la población, ha alimentado deliberadamente sus consecuencias para mantener el control social. Así, el Estado sigue condonando la deuda a los países caribeños, restringiendo la ayuda humanitaria en el país y manteniendo una política de libre importación -que abarca por igual alimentos básicos, comestibles de lujo y autos suntuosos- que no se condice con el discurso victimizante del bloqueo. En el centro de la crisis venezolana se encuentra un fenómeno de corrupción estructural. El Estado venezolano no ha hecho ningún esfuerzo en investigar la corrupción y su evolución durante las últimas dos décadas, la asignación del gasto público para objetivos de represión y otros fines, la persecución del sector productivo o la imposición de controles ilegítimos, todo lo cual se ha gestado con la más absoluta opacidad y falta de transparencia de la gestión pública. La crisis deriva y se reproduce en la ausencia de democracia y estado de derecho en el país. Una vara para medir si se están tomando medidas para salir de la crisis -o perpetuarla- debe incluir: establecer condiciones para levantamiento de sanciones genéricas, tales como rendición de cuentas, transparencia en el manejo de recursos y acceso a la información, cese del condicionamiento de ayudas sociales por mecanismos de control como el carnet de la patria, sustitución de las misiones populistas por políticas públicas serias en el área social, levantamiento de las barreras al trabajo humanitario y de defensa de derechos humanos, entre otras condiciones objetivas. En pocas palabras, levantar las sanciones y condicionamientos que el mismo gobierno le ha impuesto a la población. Disposición al diálogo El gobierno ha aparentado mostrar apertura al diálogo político a través de continuos llamados a la oposición para dialogar, incluyendo la propuesta de reanudar las conversaciones en México. Sin embargo, las conversaciones del gobierno -mal llamadas “negociaciones”- han derivado en la obtención de concesiones de la oposición a cambio de nada. No existen mutuas concesiones entre iguales, sino el reforzamiento de las asimetrías de poder a favor del gobierno. No hay disposición a la apertura política en el contexto de prácticas de concentración del poder que se reflejan en hechos como el fraude en las megaelecciones de noviembre de 2021, la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ahora más alineados al partido de gobierno, la continuación de la existencia de presos políticos, de otras detenciones arbitrarias y de malos tratos en general, con hitos de persecución como lo simbolizan los casos defensores de derechos humanos de Azul Positivo y Fundaredes, así como por los ataques sistemáticos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacíficas. Una vara para medir si el gobierno muestra disposición al diálogo político -o a la consolidación de su poder- está en generar garantías sólidas para elecciones libres y auténticas, lo cual pasa por permitir a la oposición competir en la arena electoral en condiciones de autonomía e igualdad y asegurar un CNE y TSJ independientes, incorporando una prueba de fuego: actualizar el registro electoral y el voto de los venezolanos en el exterior. El diálogo político requiere también revertir todas las medidas del cierre del espacio cívico, abstenerse de sancionar una ley de cooperación que acaba la cooperación y la liberación de los presos políticos. El oficialismo puede hacer lo que quiera, en mayor o menor grado, en distintos ámbitos y formas, paralela o escalonadamente, porque tiene el poder para hacerlo. Pero no se puede convencer a la población con migajas, ni a la comunidad internacional con más promesas incumplidas. No se puede ser aliado de estas ficciones de las sanciones y la apertura al diálogo al pedir menos de lo necesario y entregar más de lo debido. La sociedad, empezando por el movimiento de derechos humanos, debe monitorear con cautela cómo se manifiestan estas ficciones, ser fieles contralores, y exigir de manera estratégica mejoras genuinas en el país.
