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Elecciones primarias en Venezuela: el gobierno contra los ciudadanos

Foto: Miguel Zambrano – DW

Los venezolanos han sido severamente limitados en el ejercicio de su derecho a expresarse políticamente mediante el voto. De distintas maneras, el proceso de desvalorización del voto ha sido prolongado y se ha manifestado de diversas maneras.

En efecto, ya hemos citado en este espacio cómo la carencia de separación de poderes ha permitido al poder ejecutivo limitar las capacidades del poder legislativo, del poder judicial y del Consejo Nacional Electoral (CNE in Spanish).

Así, las restricciones comenzaron al aprobarse la propuesta del oficialismo incluida en el Artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que establece que sólo podrán sufragar en el exterior los electores que posean “residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de la República Bolivariana de Venezuela”. Esto, obviamente, contradice lo establecido en la Constitución, la cual garantiza el derecho al voto en los términos establecidos en su artículo 64: “Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.”

En la coyuntura actual se han presentado nuevos retos para quienes aspiran al rescate del voto como herramienta fundamental para el ejercicio de sus derechos políticos. En 2012, los sectores opositores decidieron realizar una elección primaria con el fin de elegir al candidato presidencial que habría de enfrentar a Nicolás Maduro. Para ello solicitó el apoyo técnico del CNE y este organismo puso al servicio de la elección un importante número de máquinas de votación distribuidas a lo largo del país. Como resultado de este proceso se eligió un candidato unitario, se reforzó la confianza del votante en el sistema electoral y, en definitiva, se obtuvo una participación de alrededor del 17% de los venezolanos inscritos en el registro electoral. Esta cifra, por cierto, constituye un hito de la más alta participación en una elección primaria en el mundo.

En 2023, nuevamente los sectores opositores han decidido asumir la celebración de una elección primaria que permita la elección de un candidato unitario con miras a la elección presidencial de 2024. En esta ocasión, los rasgos del autoritarismo se han manifestado de manera aún más evidente que en el pasado. A la solicitud presentada por la Comisión Nacional de Primarias, el órgano encargado de llevar adelante el proceso, al CNE requiriendo su apoyo en términos similares a lo sucedido en 2012, el ente no ofreció respuesta, y luego este vacío fue complementado con la sorpresiva renuncia del presidente y otros miembros de su directorio. De esta manera, el organismo “de hecho” ha suspendido toda consideración del apoyo solicitado, el cual habría facilitado de manera fundamental la realización de un proceso que, al no contar con los recursos técnicos y logísticos del CNE, incrementa sus dificultades exponencialmente.

Por su parte, el Registro Electoral al que hicimos referencia en un análisis anterior, aun no adelanta ningún operativo nacional para ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de incorporarse al mismo y votar, lo cual, para quienes están residenciados en el exterior, es imposible de realizar, a pesar de estar contemplado en la ley. Por ello, un primer paso que adelantó la Comisión Nacional de Primarias fue la realización de un registro de los venezolanos en el exterior, independiente del registro que maneja el CNE. Así, según el órgano electoral, los venezolanos habilitados para votar en las elecciones de 2012 eran aproximadamente 100.000., y para 2023 había alrededor de 120.000 registrados. Cuando se estima que el número de venezolanos en el exterior alcanza 7.239.953 personas, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, de los cuales más de 4 millones están en edad de votar, la minúscula cifra de electores registrados evidencia la negativa del CNE a permitir el derecho al voto de quienes están en el extranjero. El registro conformado por la Comisión Nacional de Primarias, que simplemente permitió a los ciudadanos registrados para votar en Venezuela modificar su lugar de residencia en el exterior para así ejercer el voto (exclusivamente en la elección primaria) en su nuevo lugar de domicilio, logró registrar, en sólo pocas semanas, 215.642 votantes, aunque está pendiente el período de verificación de otros tantos miles que no han completado el proceso.

Así, la Comisión Nacional de Primarias ha decidido continuar el proceso a pesar de la extrema precariedad de recursos, disminuyendo los centros de votación y realizando una votación manual. En esta etapa surge, sin embargo, un nuevo obstáculo que amenaza el proceso. En efecto, el gobierno, actuando como un todo a través de la Contraloría General de la Nación, ha utilizado el mecanismo de la inhabilitación política de los opositores desde hace décadas. Por ello, el Parlamento Europeo, el día jueves 13 de julio pasado, aprobó una resolución sobre el tema en la que: “condena enérgicamente la decisión arbitraria e inconstitucional de impedir la postulación a las elecciones de María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles y Freddy Superlano, entre otros candidatos, y la injerencia del régimen de Maduro en el proceso electoral”.

No obstante, la arremetida gubernamental continúa, mediante la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo por parte de un político oficialista que exige la prohibición de realización de las primarias dado que en ella participarán candidato inhabilitados. Así, el poder inhabilita de manera írrita a los candidatos, para entonces introducir ante un Tribunal que le es sumiso la solicitud de prohibición de realización de la elección. De esta manera se configura un patrón de persecución política, por vía de inhabilitaciones que son producto de un proceso administrativo, sin juicio y sin defensa.

Ante este contexto, el reiterado llamado de la comunidad internacional democrática para la realización de elecciones libres debe ser visto en perspectiva, pues no se trata de evaluar la pulcritud del desarrollo de la votación el día de los comicios, sino de todo el proceso previo, que va poniendo diferentes barreras desde las todas las ramas del poder público controladas por el gobierno.