Organizaciones de la sociedad civil alinean el proceso de la CPI con las demandas de derechos humanos en el marco del EPU
En el marco de la incidencia del Examen Periódico Universal (EPU), un conjunto de organizaciones venezolanas presentó sus perspectivas y recomendaciones a distintos países ante la apertura formal de la investigación del asunto “Venezuela I” por parte del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Se trató de un espacio de intercambio con representaciones de alto nivel para articular las estrategias generales de promoción y defensa de los derechos humanos con el proceso penal internacional por crímenes de lesa humanidad en el país.
Las organizaciones manifestaron que la apertura del proceso penal en sí mismo significa un avance, principalmente por su impacto disuasivo frente a la comisión de otras violaciones graves de derechos humanos y las demandas de justicia. Sin embargo, coincidieron en que es su valor instrumental lo que resulta más promisorio para el trabajo de derechos humanos en Venezuela. En efecto, una investigación abierta sobre Venezuela podría mover al Estado a buscar formas de cooperación con los sistemas internacionales de protección de derechos humanos con el propósito de demostrar la idoneidad y fortaleza de su sistema de justicia.
Este nuevo escenario internacional abre un compás de oportunidades para las organizaciones independientes de la sociedad civil. El Estado podría tener incentivos para adelantar una visita de los procedimientos especiales de Naciones Unidades, fortalecer su cooperación con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en determinas temáticas y/o incluso avanzar en reformas concretas del sistema de justicia como parte de un presunto plan de juzgamiento ante los crímenes cometidos. El fondo de estas propuestas, en cuanto a sus posibilidades, garantías y resultados reales, no sólo dependen de la voluntad estatal, sino de un replanteamiento estratégico del trabajo de la sociedad civil para favorecer avances concretos en derechos humanos en medio de los previsibles intentos panfletarios oficiales.
Las organizaciones conocen que no será el proceso de la CPI lo que adelante la reestructuración democrática y constitucional que necesita con urgencia el país, pero su engranaje como pieza importante para la reactivación y sostenimiento de los mecanismos de monitoreo internacional como la Misión Internacional Independiente de Establecimiento de Hechos, la presión diplomática e internacional en sentido amplio, así como la retroalimentación de los órganos de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, hacen viable concebir una relación de fuerzas que otorgue más poderes a la sociedad civil. En estos procesos de cambio que podrían construirse a corto plazo está el relanzamiento de la negociación política con inclusión de las organizaciones de derechos humanos, las cuales deberían tener voz en otros procesos de toma de decisiones al más alto nivel, en temas humanitarios, políticos y económicos. La sociedad civil cuenta con nuevos elementos, incluida experiencia y aprendizajes, con miras a repensar una agenda más efectiva.
En el seno del intercambio con actores diversos y a pocos días de las pre-sesiones del EPU surgieron estas reflexiones iniciales sobre lo que habría que explorar en términos de la relación derecho penal internacional y derechos humanos en Venezuela. Otros planteamientos en esta línea están siendo trabajados y comenzarán a cobrar forma en los próximos meses. Este ida y vuelta con diversos actores relevantes es una confirmación patente del trabajo que falta por hacer al tiempo que se muestra posible con apoyo y organización.
Civil society organizations align the ICC process with human rights demands under the UPR
In the advocacy framework of the Universal Periodic Review (UPR), a number of Venezuelan organizations exposed their perspectives and recommendations to different countries considering the formal opening of the investigation of the matter «Venezuela I» by the Prosecutor of the International Criminal Court. It was a wide space for exchange with high-level representatives to articulate the general strategies for the promotion and defense of human rights with the international criminal proceedings for crimes against humanity in the country.
Civil organizations stated that the opening of the criminal file represents progress, mainly due to its dissuasive impact against the commission of other serious human rights violations and demands for justice. However, they agreed that its instrumental value is the most promising part for the human rights work in Venezuela. In fact, an open investigation into Venezuela could move the State to seek forms of cooperation with international human rights systems in order to demonstrate the adequacy and strength of its justice system.
This new international scenario opens a compass of opportunities for independent civil society organizations. The State might have incentives to advance a visit by the UN Special Procedures, enhance its cooperation with the UN Office of the High Commissioner for Human Rights on certain matters, and/or even advance in concrete reforms of the justice system as part of an alleged trial plan for crimes committed. The substance of these proposals, in terms of their possibilities, guarantees and real results, not only depend on the state’s political will, but on a strategic rethinking of the work of civil society to favor concrete advances in human rights amid foreseeable pamphlet official attempts.
The civil organizations already know that the ICC will not push democratic and constitutional changes the country urgently needs, but its gear as an important piece for the reactivation and maintenance of international monitoring mechanisms such as the Fact-Finding Mission, diplomatic and international pressure in a broad sense, as well as feedback from United Nations bodies and the Inter-American system, which all make it possible to conceive a forces relationship granting more powers to civil society. In these short-term change processes that could be built stands out relaunching political negotiation with the inclusion of human rights organizations, which must have a voice in other decision-making processes at the highest level on humanitarian, political and economic issues. Civil society has new elements, experiences and lessons learned, with a view of rethinking a more effective agenda.
These initial reflections on what should be explored in terms of the relationship between international criminal law and human rights in Venezuela emerged within the exchange with various actors and a few days before the pre-sessions of the UPR. Other approaches in this line are being worked on and will begin to take shape in the coming months. This back and forth with various relevant actors is a clear confirmation of the work that remains to be done while being possible with support and organization.