Reforma de la justicia venezolana garantiza impunidad.

Reforma de la justicia venezolana garantiza impunidad

El 18 de enero de 2022, la Asamblea Nacional (AN) votada en diciembre de 2020 sancionó la
modificación parcial a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual se suma al
listado de reformas legales de septiembre de 2021 sobre los códigos Orgánico Procesal Penal,
Penitenciario y de Justicia Militar y a las leyes de Protección de Víctimas, Testigos y Demás
Sujetos Procesales, de la Policía de Investigación y de Amparo a la Libertad y Seguridad
Personal (en adelante “ley de amparo”). En dichas reformas se incluyen nuevos instrumentos
analizados por AlertaVenezuela, como lo son las leyes en materia de genocidio y crímenes de
lesa humanidad, y de reparación de las víctimas y garantía de la justicia.
Este conjunto de reformas al sistema de justicia forma parte de una estrategia oficial en curso
para mostrar “cooperación” con la Corte Penal Internacional (CPI) ante la apertura de una
investigación que, en sí misma, constituye un reconocimiento de que los intentos del Gobierno
por simular justicia no son creíbles. La misma conclusión se obtiene incluso destacando todos
los aspectos positivos de las normativas modificadas porque no atacan la estructura de poder
que genera represión e impunidad en el país; por lo contrario, la refuerzan en la práctica.
El Código Orgánico Procesal Penal, entre otros avances, reduce de 8 a 6 meses el plazo de
investigación de la fiscalía para decidir si enjuiciará a personas ante un juez (artículo 295); las
audiencias preliminares, en caso de aplazarse, serán celebradas dentro de los siguientes 5 días,
y ya no en 20 (artículo 309). El Código Orgánico de Justicia Militar dio un paso en la
desmilitarización de la justicia anulando la legalidad del juzgamiento de civiles por tribunales
castrenses, como reza el artículo 261 de la Constitución, y que la Guardia Nacional Bolivariana
siga custodiando prisiones, al traspasar la función a la Policía Nacional Bolivariana. La nueva
Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal reconoce la legitimidad de
organizaciones de derechos humanos para representar a víctimas en procesos de amparo y así
sucesivamente se pueden añadir otros avances siempre que sea un ejercicio en abstracto.
Los cambios legales pretenden inclinar el espíritu de reformas hacia un lado progresista, pero
no significan nada delante de la estructura de poder que el gobierno protege a rajatabla: la
falta de independencia del sistema judicial. De hecho, la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) agudiza este problema estructural dado que el Comité de
Postulaciones Judiciales, órgano evaluador que propone la lista de candidatos a Magistrados
del TSJ, no sólo estará compuesto por 11 miembros de la Asamblea Nacional y 10 de la
sociedad civil, contradiciendo el artículo 270 de la Constitución que ordena su integración sólo
por miembros de la sociedad civil, sino que ahora éstos últimos serán previamente
seleccionados por la Asamblea Nacional a través de un “Comité Preliminar”, figura que no
existe en la Constitución y que claramente echa por tierra la participación efectiva de la
sociedad civil en la conformación del máximo tribunal del país.
La composición político-partidista del TSJ no es cosa menor. Significa ejercer el control
absoluto de la totalidad de las decisiones judiciales en Venezuela. Como determinó la Misión
Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela (MII), “el
Tribunal Supremo de Justicia nombra a los jueces y las juezas provisionales a través de la
Comisión Judicial (…) una serie de resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia le han ido
otorgando progresivamente poderes de mayor alcance para seleccionar y disciplinar jueces y
juezas de primera instancia y de apelación. Según las fuentes consultadas, los nombramientos
que efectúa la Comisión Judicial se basan en consideraciones personales o políticas”.

Esta conclusión es inevitable si el flagelo de la provisionalidad de los jueces viene agravándose
desde 2003, cuando se celebró el último concurso público de oposición para la designación de
los jueces. Según los más recientes datos disponibles, para abril de 2019 de los más de 2000
jueces del país el 85.3% tenía naturaleza provisional, temporal o accidental. La Comisión
Judicial sigue gozando de la potestad de libre nombramiento y remoción ante cualquier
decisión adversa al gobierno nacional, desplegando así un amplio poder intimidatorio sobre los
jueces. Como denunció la MII, el control de la justicia trajo un un “perceptible giro en la
independencia judicial” con las acciones de represalia contra la jueza Maria Lourdes Afiuni.
Las reformas legales y otras medidas políticas como reabrir casos y dictar sentencias aisladas
que amparan a la cadena de mando, o altera la estructura y competencias de los órganos de
policías sin afectar su dependencia política-partidista, a pesar de que violan obligaciones
internacionales del Estado, están formando una cortina de humo para aparentar cooperación
con el sistema de derechos humanos y la justicia penal internacional. En realidad, el Estado
mantiene intacto su sistema judicial represor y protector de los allegados al poder, por lo que
no hay justicia posible sin una reinstitucionalización democrática. Sin la base fundante del
sistema, la independencia judicial, cualquier esfuerzo para conocer la verdad de los crímenes,
hacer justicia, rendir cuentas y reparar a las víctimas estará plagado de engaño y propaganda.
El 16 de abril de 2022 cuando venza el plazo del Estado para informar a la fiscalía de la CPI
sobre los avances de la investigación habrá que demostrar con evidencia actualizada por qué
se decidió justamente abrir la investigación: el Estado venezolano carece de voluntad genuina
para reformar su sistema de justicia y hacer rendir cuentas por los crímenes cometidos. El
trabajo de incidencia por delante es desmantelar punto por punto la narrativa oficial de
“cooperación”.

Venezuelan Justice Reform Guarantees Impunity

On January 18, 2022, the National Assembly (AN) voted in December 2020, passed the partial
modification to the Organic Law of the Supreme Court of Justice (TSJ), which is added to the
list of legal reforms of September 2021 regarding the Organic Codes of Criminal, Penitentiary
and Military Justice Procedures and the Laws for the Protection of Victims, Witnesses and
Other Procedural Subjects, of the Investigative Police and Protection of Liberty and Personal
Security (hereinafter “protection law”). These reforms include new instruments analyzed by
VenezuelaAlert, such as the laws on genocide and crimes against humanity, and reparations
for victims and guarantees of justice.
This set of reforms to the justice system is part of an ongoing official strategy to show
«cooperation» with the International Criminal Court (ICC) before the opening of an
investigation that in itself constitutes an acknowledgment that the Government’s attempts to
simulate justice lack credibility. The same conclusion is obtained even highlighting all the
positive aspects of the modified regulations because they do not attack the power structure
that generates repression and impunity in the country; on the contrary, they reinforce it in
practice.
The Organic Code of Criminal Procedure, among other advances, reduces from 8 to 6 months
the period of investigation of the prosecution to decide whether to process people before a
judge (article 295); preliminary hearings, if postponed, will be held within the following 5 days,
and no longer in 20 (article 309). The Organic Code of Military Justice took a step in the
demilitarization of justice by annulling the legality of trial of civilians by military courts, as
stated in article 261 of the Constitution, and that the Bolivarian National Guard continues to
guard prisons, by transferring the function to the Bolivarian National Police. The new
protection law recognizes the legitimacy of human rights organizations to represent victims in
protection processes and so on other advances might be added as long as it is an abstract
exercise.
The legal changes are intended to tilt the spirit of reforms towards a progressive side, but they
mean nothing in the face of the power structure that the government strictly protects: the lack
of independence of the judicial system. In fact, the reform of the Organic Law of the Supreme
Court of Justice (TSJ) exacerbates this structural problem given that the Judicial Nominations
Committee, the evaluation body that proposes the list of candidates for TSJ Magistrates, will
not only be made up of 11 members of the National Assembly and 10 from civil society,
contradicting article 270 of the Constitution that orders its integration only by members of civil
society, but now the latter will be previously selected by the National Assembly through a
«Preliminary Committee», figure that does not exist in the Constitution and that clearly
destroys the effective participation of civil society in the formation of the country’s highest
court.
The political-partisan composition of the TSJ is not a minor thing. It means exercising absolute
control over all judicial decisions in Venezuela. As determined by the Independent
International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela (FFMV), “the
Supreme Tribunal appoints provisional judges through its Judicial Commission (…) a series of
Supreme Tribunal resolutions have progressively granted it further-reaching powers to select
and discipline first instance and appellate judges. According to sources consulted, the Judicial
Commission makes nominations and removals based mainly on personal or political
considerations”.

This conclusion is inevitable if the scourge of provisional judges has been worsening since
2003, when the last public competition for the appointment of judges was held. According to
the most recent data available, by April 2019, of the more than 2,000 judges in the country,
85.3% had a provisional, temporary, or accidental nature. The Judicial Commission continues
to enjoy the power of free appointment and removal in the face of any decision adverse to the
national government, thus displaying a broad power of intimidation over judges. As the FFMV
denounced, the control of justice brought a «discernible downward turn in judicial
independence» with the retaliatory actions against Judge Maria Lourdes Afiuni.
Legal reforms and other political measures such as reopening cases and issuing isolated rulings
protecting the chain of command or altering the structure and powers of police bodies without
affecting their political-partisan dependency, even though they violate international
obligations of the State, are forming a smokescreen to appear cooperative with the human
rights system and international criminal justice. Actually, the State maintains its repressive and
protective judicial system intact for those close to power, so there is no possible justice
without a democratic re-institutionalization. Without the founding basis of the system, judicial
independence, any effort to find out the truth of the crimes, do justice, render accounts, and
repair the victims will be riddled with deception and propaganda.
On April 16, 2022, when the deadline for the State to inform the ICC prosecutor about the
progress of the investigation expires, it will be necessary to demonstrate with updated
evidence why it was justly decided to open the investigation: the Venezuelan State lacks the
genuine will to reform its justice system and hold authors accountable for the crimes
committed. The advocacy work ahead is to dismantle the official narrative of “cooperation”
point by point.