Cinco preguntas para entender el referéndum revocatorio a Nicolás Maduro
La solicitud de referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro que se produjo en enero de 2022 ha dejado como saldo más dudas que certezas. Las reiteradas denuncias de falta garantías democráticas e institucionales en un contexto de agravamiento de la situación humanitaria, política y de derechos humanos coincidieron esta vez con la victoria electoral de la oposición de la gobernación del estado Barinas, bastión histórico del chavismo. Fue en medio de la tensión entre lo posible y lo necesario en el terreno electoral que surgió una nueva propuesta que fragmentó a la oposición, el revocatorio contra Maduro, lo que exige esclarecer qué ocurrió.
¿Cómo se activó el proceso del referéndum revocatorio?
El 10 de enero de 2022, Nicolás Maduro llegó a la mitad de su sexenio presidencial (2019-2025), lo que permitía, según la Constitución, activar el referendo revocatorio en su contra, independientemente de lo inconstitucional de su mandato como presidente de la república.
Las organizaciones Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Todos Unidos por el Referendo Revocatorio, Derecha Democrática, así como el partido MIN Unidad, presentaron la respectiva solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, en un intento por recuperar la vía electoral tras la victoria de la oposición de la gobernación de Barinas, a pesar de la ausencia de condiciones que aseguren elecciones libres, democráticas y transparentes en Venezuela.
¿Qué requerimientos fueron impuestos para el proceso?
A diferencia de 2016 cuando el CNE pidió recolectar el 1% de las firmas de los electores para “legitimar” a los solicitantes del revocatorio, realizar auditorías de las firmas bajo su propia metodología, entre otras trabas, esta vez el CNE no tuvo intención de retrasar el proceso. La estrategia pasó a ser la contraria: acelerarlo tanto que resultara imposible recolectar las firmas.
El 21 de enero, el CNE dictó los términos y condiciones exigiendo recoger más de 4 millones de firmas en 1200 centros de votación el 26 de enero dentro de un lapso de 12 horas. El propio rector Roberto Picón, que representa a la sociedad civil en el CNE, retiró su voto de la decisión: “Se tendrían que procesar cinco electores por minuto, por 12 horas, en todas las máquinas del país, sin margen de error; sin tiempo para notificar a la ciudadanía los puntos de recolección (…)”.
Lo que el CNE sí exigió al igual que en 2016 fue el inconstitucional requisito de recolectar el 20% de firmas por estado, cuando ha debido ser en función del total nacional de electores. La norma establece que la proporción de firmas debe recogerse según la circunscripción correspondiente. Al ser una consulta nacional, el porcentaje de firmas no debería ser por estado. Bastaría con que un estado tuviera menos de 20%, aunque muchos otros tuvieran más, para anular todo el proceso.
Esta carrera contrarreloj desconoció los plazos previstos en la normativa interna del CNE que establece el lapso de 15 días para definir la fecha de la jornada, así como otros aspectos logísticos como los centros de votación según variables geográficas y poblacionales, además de conceder hasta 3 días, sin limitaciones horarias, para recolectar las firmas requeridas.
¿Cómo se desarrolló la jornada de 12 horas?
Según la organización Acceso a la Justicia, “la jornada estuvo marcada por la escasa información en los puntos de recolección de firmas, el retraso en la instalación de los centros, la agresión a trabajadores de la prensa, así como la movilización de los simpatizantes del oficialismo, sobre todo de funcionarios y trabajadores públicos, que acudieron a manifestar su apoyo a Maduro”. Días antes, el vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, había amenazado con solicitar las firmas para saber quiénes votarían en contra el gobierno.
Cabe recordar que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Rocío San Miguel y otras, condenó al Estado venezolano por haber utilizado la lista de solicitantes del referendo revocatorio del 2004 contra el expresidente Chávez para fines de persecución y discriminación política. En dicho caso, las víctimas fueron despedidas de sus empleos públicos.
¿Cuál fue el resultado del proceso?
Como era de esperarse, las firmas no pudieron recolectarse. En el marco del acto de apertura de las actividades del poder judicial de 2022, Nicolas Maduro aseguró que “los opositores fracasaron nuevamente (..) la derecha golpista, extremista (…) pero es culpa de ellos (…) El CNE les dio todas las condiciones (…) Un día entero en que apenas tenían que recoger el 20% de las firmas»
Este proceso del CNE en franca ventaja a Nicolás Maduro forma parte de las restricciones severas que existen en Venezuela para garantizar procesos electorales democráticos y creíbles.
¿Y ahora qué sigue para la comunidad internacional?
Las organizaciones venezolanas han documentado la profunda crisis de institucionalidad democrática que afecta a Venezuela y que tiene sus raíces en la injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos y que ha derivado en la ausencia del Estado de derecho y democracia.
La falta de celebración de elecciones democráticas es una violación de derechos humanos en sí misma, a la vez que su realización es condición imprescindible para superar la crisis multidimensional. Es fundamental que la comunidad internacional siga incidiendo en todos los niveles para la generación de condiciones estructurales que conduzcan a elecciones auténticas. Dos de estas condiciones son la reinstitucionalización de los poderes electoral y judicial y la restauración de las garantías democráticas para todos los dirigentes y partidos de oposición. Por esta razón, el apoyo coordinado y sostenido de los Estados en la continuación del diálogo político exigiendo avances en las reformas necesarias es una demanda que debe reimpulsarse estratégicamente.
Five questions to understand the recall referendum against Nicolás Maduro
The request for a recall referendum against Nicolás Maduro that took place in January 2022 has left more doubts than certainties as a result. The repeated complaints of a lack of democratic and institutional guarantees in a context of worsening humanitarian, political, and human rights situation coincided this time with the opposition electoral victory of the Barinas state government, a historic bastion of Chavismo. It was amid the tension between what was possible and what was necessary in the electoral field that a new proposal emerged fragmenting the opposition, the recall referendum against Maduro, which requires clarifying what happened.
How was the recall referendum process activated?
On January 10, 2022, Nicolás Maduro reached the middle of his presidential term (2019-2025), which allowed, according to the Constitution, to activate the recall referendum against him, regardless of the unconstitutionality of his term as president of the Republic.
The organizations Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Todos Unidos por el Referendum Revocatorio, Derecha Democrática, as well as the MIN Unidad party, presented the respective request to the National Electoral Council (“CNE”, in Spanish), in an attempt to recover the electoral path following the opposition victory of the government of Barinas, despite the absence of conditions that ensure free, democratic, and transparent elections in Venezuela.
What requirements were imposed for the process?
Unlike 2016 when the CNE asked to collect 1% of the voters’ signatures to «legitimize» the petitioners for the recall, carry out audits of the signatures under its own methodology, among other obstacles, this time the CNE had no intention of delaying the process. The strategy turned out to be the opposite: speed it up so much that it was impossible to collect the signatures.
On January 21, the CNE issued the terms and conditions requiring the collection of more than 4 million signatures in 1,200 voting centers during January 26 within a period of 12 hours. Rector Roberto Picón, who represents civil society in the CNE, withdrew his vote from the decision: “Five voters would have to be processed per minute, for 12 hours, in all the machines in the country, with no margin of error; without time to notify the citizens of the collection points (…)”.
What the CNE did demand, as in 2016, was the unconstitutional requirement to collect 20% of signatures per state, when it should have been based on the national total of voters. The norm establishes that proportion of the signatures must be collected according to the corresponding constituency. Being a national consultation, the percentage of signatures should not be by state. It would be enough for a state to have less than 20%, even if many others had more, to annul the entire process.
This race against the clock ignored the deadlines established in the internal regulations of the CNE that informs the period of 15 days to define the date of the electoral event, as well as other logistical aspects such as the voting centers according to geographic and population variables, in addition to granting up to 3 days, without time limitations, to collect the required signatures.
How did the 12-hour day unfold?
According to the organization Acceso a la Justicia, «the day was marked by the lack of information at the signature collection points, the delay in setting up the centers, the aggression against press workers, as well as the mobilization of supporters of the ruling party, especially public officials and workers, who came to express their support for Maduro.” Days before, the vice president of the ruling party, Diosdado Cabello, had threatened to request the signatures to find out who would vote against the government.
It should be remembered that the Inter-American Court of Human Rights, in the Rocío San Miguel et al. Case, condemned the Venezuelan State for having used the list of applicants for the 2004 recall referendum against former President Chávez for purposes of persecution and political discrimination. In that case, the victims were fired from their public jobs.
What was the result of the process?
As expected, the signatures could not be collected. In the framework of the opening act of the activities of the judiciary in 2022, Nicolas Maduro assured that «the opponents failed again (…) the right-wing extremist (…) but it is their fault (…) The CNE gave all the conditions (…) A whole day in which they barely had to collect 20% of the signatures».
This process of the CNE in clear advantage to Nicolás Maduro is part of the severe restrictions that exist in Venezuela to guarantee democratic and credible electoral processes.
And now what’s next for the international community?
Venezuelan organizations have documented the profound crisis of democratic institutions that affects Venezuela and that has its roots in the interference of the Executive Power in other public powers and that has resulted in the absence of the rule of law and democracy.
The failure to hold democratic elections is a violation of human rights in itself, while holding them is an essential condition for overcoming the multidimensional crisis. It is fundamental that the international community continues to advocate at all levels to generate structural conditions leading to authentic elections. The re-institutionalization of the electoral and judicial powers and the restoration of democratic guarantees for all opposition leaders and parties constitute two of the structural conditions. For this reason, the coordinated and sustained support of the States in the continuation of the political dialogue pushing for advances in the necessary reforms is a demand that has to be re-promoted strategically.