De nuestros aliados
En esta ocasión compartimos un análisis de la organización Acceso a la Justica, en línea con dos análisis anteriores de AlertaVenezuela sobre el tema
La Comisión de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos: ¿otro elefante burocrático?
En medio de las fiestas navideñas la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 aprobó, de manera exprés y por unanimidad, una ley que ha pasado relativamente por debajo de la mesa. Se trata de la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, un texto que, según el Parlamento, tiene la «finalidad de promover el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación».
El texto parece formar parte del paquetazo de leyes relacionado con el sistema de justicia aprobado en 2021, semanas antes de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) decidiera abrir una investigación oficial sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela al menos desde 2017. Dicho paquetazo abarcó la reforma al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), Código Orgánico Penitenciario y Código Orgánico de Justicia Militar (COJM), así como la aprobación de la Ley de Amparo sobre la Libertad Personal.
Más burocracia
La ley luce como un intento por frenar las averiguaciones que la Fiscalía de la CPI viene adelantando en el caso venezolano, porque en el instrumento se crea la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, también denominada como Comisión de Justicia y Reparación, una instancia que aparentemente tiene la misión de ayudar al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país y proponer medidas para reparar a los afectados por estos.
No obstante, una revisión del texto arroja dudas sobre la capacidad de la Comisión para llevar a cabo su labor y hace temer que la misma no sea más que una simulación de justicia y un nuevo organismo burocrático.
Así, en la exposición de motivos se afirma que la Comisión es «un órgano independiente, adscrito al Consejo Moral Republicano» y que estará «encargado de hacer seguimiento a la labor desarrollada por los órganos del sistema de justicia en esta materia y realizar estudios y recomendaciones orientados a contribuir a la garantía efectiva del derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas de los delitos contra los derechos humanos».
Pese a lo anterior, preocupa la gran injerencia de la AN en la comisión, pues esta se encuentra integrada prácticamente solo por diputados del partido de Gobierno y no existe separación de poderes, lo que hace dudar sobre la real efectividad e independencia de esa nueva instancia.
En este sentido, en el artículo 10 de la ley se establece que los siete miembros de la comisión serán designados por la AN con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Además, dos de los comisionados serán diputados; sin embargo, los demás podrían ser más independientes y conocedores de la materia objeto de la comisión, ya que tres serían nombrados «por su destacada trayectoria en materia de derechos humanos y su acreditada capacidad profesional, ética e integridad», y los otros dos serían integrantes de «organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos, con amplia trayectoria en la materia».
Habrá que ver si esto sucede en la realidad, porque por lo general el Gobierno venezolano no trabaja con organizaciones no gubernamentales (ONG) reconocidas ni con defensores de derechos humanos independientes, y menos aún toma en cuenta sus recomendaciones.
Finalmente, se observa que el Parlamento se reservó la potestad de escoger al propio presidente de la Comisión de Justicia y Reparación.
Dudas a montón
Otro motivo que hace dudar de la efectividad e independencia del organismo es la poca claridad sobre sus funciones y naturaleza. El artículo 7 de la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos señala que tiene que estudiar, evaluar y verificar el funcionamiento de la justicia, con el fin de proponer recomendaciones, reformas y medidas orientadas al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos.
Por su parte, el artículo 8 señala que la comisión circunscribirá su mandato a los presuntos delitos «contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la dignidad humana, vida, integridad personal física, psíquica y moral, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y demás tratados internacionales ratificados por la República».
Las restantes disposiciones facultan a la instancia a contar con asesores y pedir ayuda a instancias internacionales especializadas. Asimismo, ordena a los funcionarios públicos a suministrarle toda la información que ella le solicite.
Lo anterior hace asumir que esta instancia forma parte de lo que se conoce como un ensayo de justicia transicional.
Ahora bien, ¿qué es la justicia transicional? Como se explica en un informe del Secretario General de Naciones Unidas de 2004:
«Abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por completo de ella), así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos».
En pocas palabras, la justicia transicional se refiere a aquellos procesos y mecanismos que una sociedad crea para enfrentar las consecuencias de períodos marcados por graves violaciones de los derechos humanos, usualmente ocurridos durante conflictos armados o regímenes autoritarios, siendo sus principales objetivos la paz y la reconciliación, y, en definitiva, contribuir al fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho.
Para que estas iniciativas prosperen es necesario que exista un compromiso entre las partes en conflicto (víctimas y victimarios) para optar por esta vía y que los mecanismos que se pongan en marcha cuenten con confianza y credibilidad.
Conforme a los Principios Internacionales sobre la lucha contra la impunidad, aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2005, y los llamados Principios de Chicago sobre Justicia Transicional, la constitución de las comisiones de la verdad requiere de integridad, independencia política y consenso político y social, así como de la aplicación de principios internacionales de no discriminación y protección a fin de garantizar que la experiencia de todas las víctimas sea recogida de manera adecuada.
Lo anterior deja en claro que una Comisión de Justicia y Reparación concebida como un órgano del Estado a través de una ley aprobada por la AN y escogida exclusivamente por esa instancia gubernamental sin que participe la sociedad civil organizada parece no estar ajustada a los estándares internacionales antes mencionados.
Para Acceso a la Justicia es un contrasentido establecer una instancia creada por la AN cuya conformación seguramente quedará entre seguidores del partido de Gobierno, como por ejemplo ha ocurrido en los procesos de selección de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se trata además de un ente que asesora a la AN pero no tiene potestad de investigación ni de enjuiciar a los responsables de los crímenes cometidos.
No es la primera vez
No es novedad que el chavismo ponga en marcha iniciativas de este tipo. La más reciente fue la Comisión para la Verdad aprobada por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017 mediante la Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, publicada en Gaceta Oficial N° 6.323 extraordinario del 8 de agosto de 2017. Oficialmente, dicha instancia buscaba investigar los «hechos de violencia por motivos políticos e intolerancia, así como las dinámicas colectivas conexas» ocurridos desde 1999 en adelante, para determinar las responsabilidades legales correspondientes e incluso las morales y políticas (artículos 3 y 11.9).
Esta comisión fue creada como un ente de derecho público de rango constitucional, con personalidad jurídica y autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, con un lapso de duración de doce meses. Sin embargo, su mandato fue extendido a los hechos ocurridos entre 1999 y 2019, y su lapso de vigencia también se prorrogaría hasta 2020, mediante Decreto Constituyente del 2 de julio de 2019, publicado en Gaceta Oficial N° 41.667 del 3 de julio de 2019.
Más allá de recomendar a Nicolás Maduro indultos para un grupo de dirigentes políticos de la oposición, la instancia que presidió el fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab, no presentó un informe con recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la justicia ni escuchó a las víctimas de los abusos.
Otro antecedente fue cuando en 2016 Maduro planteó la Comisión Nacional para la Verdad, la Justicia, la Atención de las Víctimas y la Paz, una propuesta que parecía responder a la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que aprobó el Parlamento electo democráticamente en diciembre de 2015, y que posteriormente fue anulada por la Sala Constitucional del TSJ.
Cinco años antes, en 2011, la AN creó la Comisión por la Justicia y la Verdad para el período 1958-1998 mediante la Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el período 1958-1998, aprobada el 18 de octubre del mismo año y publicada en la Gaceta Oficial N° 389.724 del 25 de noviembre. Esta última presentó un informe que contabilizó 10.000 víctimas de la represión a grupos de la izquierda radical y avanzó en exhumaciones e identificaciones de restos.
Incluso tras los sucesos del 11 de abril de 2002 se habló de constituir una Comisión de la Verdad para esclarecer dichos hechos, pero la misma jamás se puso en marcha.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La historia reciente del país demuestra que la aprobación de leyes y la creación de instancias gubernamentales no han contribuido hasta ahora a solucionar la grave crisis de impunidad y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sufre el país. En cambio, la construcción de un sistema de justicia independiente sí podría lograrlo.
Si se pone en marcha un mecanismo alternativo de justicia transicional el mismo debería ser producto de un consenso con la sociedad civil y no como ocurrió en este caso, que ni siquiera la ley que lo crea fue sometida a debate público para su conocimiento y discusión en la población venezolana. Lamentablemente, la AN electa en 2020 ha querido imponer su voluntad a los venezolanos, sin controles ni barreras, a través de una instancia, con supuestas potestades para reforzar la garantía de justicia y reparación por las violaciones a los derechos humanos, sin convocar la participación de la sociedad civil, para alcanzar un mecanismo por consenso nacional que permita recobrar las reglas del Estado de derecho en Venezuela.
From our allies
On this occasion we share an analysis of the organization Acceso a la Justicia, in line with two previous analyzes of AlertaVenezuela on the subject
The Justice and Reparation Commission for Victims of Human Rights Crimes: another bureaucratic elephant?
In the midst of the Christmas holidays, the National Assembly (NA) elected in 2020 approved, expressly and unanimously, a law that has passed relatively under the table. This is the Law of the Commission for the Guarantee of Justice and Reparation of Victims of Crimes against Human Rights, a text that, according to Parliament, has the «purpose of promoting respect, guarantee and protection of the human rights of all people under conditions of equality and without discrimination”.
The text seems to be part of the package of laws related to the justice system approved in 2021, weeks before the Prosecutor’s Office of the International Criminal Court (ICC) decided to open an official investigation into crimes against humanity that have occurred in Venezuela at least since 2017. This package included the reform of the Organic Criminal Procedure Code (COPP), the Organic Penitentiary Code and the Organic Code of Military Justice (COJM), as well as the approval of the Protection Law on Personal Liberty.
More Bureaucracy
The law looks like an attempt to stop the inquiries that the ICC Prosecutor’s Office has been carrying out in the Venezuelan case, because the instrument creates the Commission for the Guarantee of Justice and Reparation for Victims of Crimes against Human Rights, also called as the Commission for Justice and Reparation, an instance that apparently has the mission of helping to clarify the crimes against humanity that have occurred in the country and propose measures to repair those affected by them.
However, a review of the text casts doubts on the Commission’s ability to carry out its work and raises fears that it is nothing more than a simulation of justice and a new bureaucratic body.
Thus, the explanatory statement states that the Commission is «an independent body, attached to the Republican Moral Council» and that it will be “in charge of following up on the work carried out by the organs of the justice system in this matter and carrying out studies and recommendations aimed at contributing to the effective guarantee of the right to justice and reparation for victims of crimes against human rights”.
Despite the above, the great interference of the NA in the commission is worrying, since it is made up practically only of deputies from the government party and there is no separation of powers, which casts doubt on the real effectiveness and independence of this new body.
In this sense, article 10 of the law establishes that the seven members of the commission will be appointed by the NA with the vote of two thirds of its members. In addition, two of the commissioners will be deputies; however, the others could be more independent and knowledgeable about the subject matter of the commission, since three would be appointed «for their outstanding career in the field of human rights and their accredited professional capacity, ethics and integrity», and the other two would be members of «organizations and movements for the defense of human rights, with extensive experience in the matter».
It remains to be seen if this happens in reality, because in general the Venezuelan government does not work with recognized non-governmental organizations (NGOs) or with independent human rights defenders, and even less does it take their recommendations into account.
Finally, it is observed that Parliament reserved the power to choose the president of the Justice and Reparation Commission.
Lots of Doubts
Another reason that casts doubts on the effectiveness and independence of the body is the lack of clarity about its functions and nature. Article 7 of the Law of the Commission for the Guarantee of Justice and Reparation of Victims of Crimes against Human Rights states that it has to study, evaluate, and verify the functioning of justice, in order to propose recommendations, reforms and measures aimed at strengthening respect for human rights.
For its part, article 8 states that the commission will limit its mandate to alleged crimes «against human rights that imply violations of human dignity, life, physical, mental and moral integrity, personal freedom and freedom of conscience, thought and opinion, in accordance with the provisions of the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment and other international treaties ratified by the Republic”.
The remaining provisions empower the instance to have advisers and request help from specialized international instances. Likewise, it orders public officials to provide the commission with all the information its requests.
This leads us to assume that this instance is part of what is known as a experiment of transitional justice.
Now, what is transitional justice? As explained in a 2004 United Nations Secretary-General report: «It encompasses the full range of processes and mechanisms associated with a society’s attempts to resolve problems stemming from past large-scale abuses, to hold those responsible accountable, to serve justice and to achieve reconciliation». Such mechanisms may be judicial or non-judicial and have different levels of international involvement (or no international involvement at all), as well as encompass prosecution of individuals, redress, truth-seeking, institutional reform, vetting, removal from office or combinations of all of them.
In a nutshell, transitional justice refers to those processes and mechanisms that a society creates to face the consequences of periods marked by serious human rights violations, usually occurring during armed conflicts or authoritarian regimes, its main objectives being peace and reconciliation, and, ultimately, contribute to the strengthening of democracy and the rule of law.
For these initiatives to prosper, there must be a commitment between the parties to the conflict (victims and perpetrators) to opt for this route and that the mechanisms that are put in place have trust and credibility.
In accordance with the International Principles on the fight against impunity, approved by the United Nations (UN) Human Rights Commission in 2005, and the so-called Chicago Principles on Transitional Justice, the constitution of truth commissions requires of integrity, political independence and political and social consensus, as well as the application of international principles of non-discrimination and protection in order to guarantee that the experience of all victims is adequately collected.
The foregoing makes it clear that a Justice and Reparation Commission conceived as a State body through a law approved by the NA and chosen exclusively by that government body without the participation of organized civil society seems not to be adjusted to the aforementioned international standards.
For Acceso a la Justicia, it is a contradiction to establish an instance created by the NA whose conformation will surely remain among followers of the government party, as has happened, for example, in the processes of selection of magistrates to the Supreme Court of Justice (TSJ). It is also an entity that advises the NA but does not have the power to investigate or prosecute those responsible for the crimes committed.
It’s not the First Time
It is not new that Chavismo launches initiatives of this type. The most recent was the Truth Commission approved by the fraudulent National Constituent Assembly (NCA) in 2017 through the Constitutional Law of the Commission for Truth, Justice, Peace, and Public Tranquility, published in Official Gazette No. 6,323 extraordinary, of August 8, 2017. Officially, this instance sought to investigate the «acts of violence for political reasons and intolerance, as well as the related collective dynamics» that occurred from 1999 onwards, to determine the corresponding legal responsibilities and even the moral and political ones. (Articles 3 and 11.9).
This commission was created as a public law entity of constitutional rank, with legal personality and functional, administrative, and budgetary autonomy, with a duration of twelve months. However, its mandate was extended to the events that occurred between 1999 and 2019, and its period of validity would also be extended until 2020, by Constituent Decree of July 2, 2019, published in Official Gazette No. 41,667 of July 3, 2019.
Beyond recommending pardons to Nicolás Maduro for a group of opposition political leaders, the instance chaired by the attorney general imposed by the NCA, Tarek William Saab, did not present a report with recommendations to improve the functioning of justice nor did he listen to the victims of abuse.
Another precedent was when in 2016 Maduro proposed the National Commission for Truth, Justice, Attention to Victims and Peace, a proposal that seemed to respond to the Amnesty and National Reconciliation Law approved by the democratically elected Parliament in December 2015, and which was subsequently annulled by the Constitutional Chamber of the TSJ.
Five years earlier, in 2011, the NA created the Commission for Justice and Truth for the period 1958-1998 through the Law to Punish Crimes, Disappearances, Torture and other Violations of Human Rights for Political Reasons in the Period 1958-1998. 1998, approved on October 18 of the same year and published in the Official Gazette No. 389,724 of November 25. The latter presented a report that counted 10,000 victims of the repression against groups of the radical left and advanced in exhumations and identification of remains.
Even after the events of April 11, 2002, there were talks for setting up a Truth Commission to clarify these facts, but it was never launched.
And how does it affect you, Venezuelan?
The recent history of the country shows that the approval of laws and the creation of government bodies have so far not contributed to solving the serious crisis of impunity and systematic human rights violations suffered by the country. On the other hand, the construction of an independent justice system could achieve it.
If an alternative mechanism of transitional justice is launched, it should be the product of a consensus with civil society and not, as happened in this case, through a law not subject to public consultation required by current regulations.
Unfortunately, the NA elected in 2020 has decided to impose its will on Venezuelans, without controls or barriers, through an instance, with supposed powers to reinforce the guarantee of justice and reparation for human rights violations, without calling for the participation of civil society to reach a mechanism that allows recovering the rules of the rule of law in Venezuela by national consensus.
Traducción: AlertaVenezuela / Translation: AlertaVenezuela