La Unión Interparlamentaria, organismo que congrega a más de 180 parlamentos del mundo, realizó en octubre pasado su Asamblea 145, en Ruanda.
Durante la Asamblea se llevó a cabo la Sesión del Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios, que consideró las reiteradas denuncias sobre violaciones de derechos humanos de parlamentarios, y emitió una nueva decisión sobre Venezuela.
La Unión Interparlamentaria se ha pronunciado sobre la situación de más de 134 parlamentarios venezolanos, de los cuales 11 han sufrido encarcelamiento por razones políticas, sin respeto a su inmunidad parlamentaria y al debido proceso, 36 se han visto obligados a exiliarse y 23 están sujetos a trámites judiciales[1].
Esta decisión destaca presuntas violaciones a los derechos humanos de los parlamentarios, tales como tortura, malos tratos y otros actos de violencia, amenazas y actuaciones intimidatorias, detención y arresto arbitrarios y otras violaciones.
En su decisión, la Unión Interparlamentaria:
“…reafirma su posición de larga data respecto a que el acoso de los parlamentarios de la
oposición elegidos en 2015 es una consecuencia directa del papel destacado que desempeñaron como oponentes declarados del Gobierno del presidente Maduro y como
miembros de la Asamblea Nacional liderada por la oposición y elegida en 2015; insta una vez más a las autoridades a que pongan fin de forma inmediata a todas las formas de persecución contra los parlamentarios de la oposición elegidos en 2015, a que velen por que todas las autoridades pertinentes del Estado respeten sus derechos humanos, y a que investiguen y establezcan en su totalidad las responsabilidades por las violaciones de sus derechos mencionadas previamente; y solicita a las autoridades venezolanas que proporcionen información oficial sobre cualquier acción emprendida con este fin…”
Del mismo modo, el organismo expresó que:
“ … [UIP] sigue profundamente preocupado por las conclusiones formuladas en los sucesivos informes de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, particularmente en relación con la información detallada contenida en el informe emitido en septiembre de 2022, en el que se ilustra el modo en que aquellos que se oponen al Gobierno y los disidentes, tanto reales como percibidos, han sido objeto de arrestos y represalias por parte de los servicios estatales de inteligencia durante los últimos años, lo cual otorga más fundamento a las acusaciones de represión política y la responsabilidad del Estado al más alto nivel; y expresa su firme esperanza, una vez más, de que el Estado de Venezuela, con el apoyo de la comunidad internacional, pueda remediar las violaciones y los crímenes que se documentan en dicho informes…”
Cabe destacar que las denuncias de violaciones de derechos de parlamentarios de oposición se han presentado desde 2009, y que la Unión Interparlamentaria decidió desde 2013 el envío de una Misión a Venezuela, la cual fue abiertamente obstaculizada por Nicolás Maduro, al no otorgar visas a los miembros designados como parte de esta. Finalmente, sólo en 2021 pudo tener lugar la citada Misión, la cual pudo verificar in situ el acoso a los parlamentarios.
La persecución a los representantes de oposición elegidos por el voto popular ha sido recurrente desde hace más de una década y es un reflejo más de la falta de voluntad política del gobierno para reconocer y respetar el resultado de las consultas electorales. Este tipo de hechos evidencian la necesidad de abordar la crisis política de Venezuela de manera integral, sin limitarse al acto de votación, sino incluyendo las condiciones previas a las elecciones, así como el respeto a la voluntad popular cuando los resultados no son favorables al gobierno. Estos factores deben incorporarse en cualquier agenda de negociación, sea en México o en otros espacios que pretendan avanzar en el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
[1] D-VEN-COLL-06-169-S Decisión 15 de octubre 2022