El 30 de marzo el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se dirigió a la Sala de Cuestiones Preliminares para solicitar que se le autorice a continuar la investigación sobre el caso Venezuela I, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad contra habitantes de Venezuela. Hasta el 7 de marzo de 2023, más de 2000 formularios habían sido enviados por víctimas individuales o colectivas a la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones («VPRS» por sus siglas en inglés) con testimonios sobre la impunidad en Venezuela y con explicaciones sobre las razones por las que no confían en la justicia del país. De esta manera, el Fiscal tendría argumentos para solicitar la autorización para proseguir su investigación, como en efecto lo acaba de hacer.
En su escrito, el Fiscal Khan desmonta uno a uno los alegatos del gobierno, que insiste en cuestionar la competencia de la CPI en el caso Venezuela I. Como es sabido, en la justicia penal internacional opera el principio de complementariedad que busca evitar la duplicidad de esfuerzos en la justicia. Es decir, si la justicia nacional está investigando y es capaz de sancionar y reparar, no tiene sentido que la CPI desplace y duplique la actividad de los órganos nacionales. Desde el comienzo del caso Venezuela I, el gobierno del país ha intentado aparentar una justicia que no existe par evitar la intervención de la CPI. Eso es precisamente lo que desmonta Khan en su escrito, al señalar que Venezuela considera hechos aislados los actos investigados por el Fiscal, al punto de negar la existencia de crímenes de lesa humanidad, de tal suerte que su propia negación constituye una admisión de que no está investigando adecuadamente las denuncias.
Kahn reitera argumentos expuestos en anteriores ocasiones, como que los pocos procesos judiciales que se han realizado apuntan solo a funcionarios de bajo rango “sin investigación aparente de los autores de alto nivel y/ de los miembros de los colectivos”, y que no se ha realizado por parte de Venezuela una investigación mayor que apunte a establecer responsabilidades a los más altos niveles, ni a identificar las estructuras represivas que han permitido la comisión de estos crímenes, debido precisamente al hecho de que Venezuela sigue considerando estos hechos como incidentes aislados y que no revisten gravedad.
Además, el Fiscal desmonta otras alegaciones del gobierno que se refieren a cuestiones de fondo sobre los hechos cuya investigación se exige en áreas tales como tortura, persecución política, violencia sexual y privación de libertad, cuya gravedad el gobierno había intentado minimizar.
En sus conclusiones, Kahn se mantiene firme en sus exigencias, sin caer en la trampa de los pretendidos esfuerzos de justicia por parte de Venezuela; reconoce que el gobierno “ha tratado de colaborar” pero insiste en que ello no justifica el aplazamiento de la investigación.
La solicitud del Fiscal se produce en el contexto de una supuesta campaña de lucha contra la corrupción en Venezuela, emprendida por la Policía Nacional contra la Corrupción (PNCC), órgano creado por Maduro en 2014 y que sigue sus órdenes directas.
Hasta el 4 de abril de 2023, al menos 42 personas habían sido detenidas en esta cacería. El primer grupo de detenidos fue llevado a la audiencia de presentación en un lugar que no era un tribunal, diez días después de haber sido detenidos, pese a que la ley establece que la presentación debe hacerse en un plazo de 48 horas, fueron detenidos por la PNCC, una policía fantasma, que no tiene sede, ni rostros, ni responsables, y fueron recluidos en El Helicoide, un centro de torturas de la policía política. Al respecto, AlertaVenezuela se sumó a un llamado de varias ONG venezolanas exigiendo que la lucha contra la corrupción no se realice al margen de las garantías del debido proceso.
Uno de los detenidos había sido designado magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia en abril de 2022, en un proceso de selección que no se ajustó a lo establecido por la Constitución, como parte de la llamada revolución judicial. El funcionario fue juramentado como juez de la Corte de Apelaciones y presidente del Circuito Judicial Penal desde el 29 de octubre del mismo año, y fue uno de los primeros detenidos el 18 de marzo de 2023. La misma revolución judicial que lo designó, ahora lo persigue, mientras su vacante es llenada por una exfiscal del Ministerio Público que había sido destituida en octubre de 2018 y quien se encuentra entre las primeras personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EEUU, acusada de violaciones a los derechos humanos, esos que ahora investiga Kahn.
Razones le sobran al Fiscal de la CPI para no creer en la revolución judicial, en anuncios vacíos, en investigaciones de apariencia que no llegan al fondo de los crímenes cometidos. La misma cautela frente a promesas que no se corresponden con los hechos debe observar el Alto Comisionado Volker Türk, para que sus palabras y acciones por los derechos humanos en Venezuela no pierdan credibilidad.