Recientemente, el equipo de la plataforma de análisis humanitario HumVenezuela publicó su boletín No. 8, dedicado al colapso, esto es, “el declive de las capacidades del país para garantizar derechos de acceso de la población a condiciones de vida dignas y libre de riesgos que amenacen sus vidas, integridad, seguridad, subsistencia y libertad de acción para procurar soluciones a los problemas individuales o colectivos que enfrentan”.
Los datos que sirvieron para armar este análisis fueron recogidos entre noviembre de 2022 y junio de 2023, en un período en el cual, según la propaganda oficial, Venezuela se encontraba en franca recuperación. Los hallazgos de HumVenezuela van en contravía con respecto a esta narrativa gubernamental y se refleja en diversos indicadores que dan cuenta del alcance de esta crisis multidimensional.
Una primera constatación, es que el colapso no se produjo de la noche a la mañana y tampoco como una consecuencia directa de las medidas coercitivas unilaterales. El estudio ubica una línea temporal que tiene su inicio hace nueve años en los cuales se produjo “el colapso de casi un 70% de estas capacidades y una Emergencia Humanitaria Compleja de gran escala durante 7 de esos 9 años, con impactos devastadores en la población”, según señala HumVenezuela.
Durante este tiempo, el colapso ha significado el agotamiento de los recursos de supervivencia de la población. La gente ha ido consumiendo sus reservas materiales y emocionales sin expectativas de reposición, desembocando entre 2019 y el presente en una mayor privación social y el sometimiento a las dinámicas de una economía sumergida, que han conducido a la extenuación e inseguridad humana, en la medida en que las personas se ven expuestas a mayores niveles de inseguridad y vulnerabilidad.
Todo esto sucede en un contexto en el que las razones estructurales que dieron origen a la crisis siguen presentes y las señales de recuperación son inexistentes, toda vez que la supuesta mejora a la que se refiere la propaganda oficial se basa en datos puntuales, insostenibles en el tiempo y que, en el mejor de los casos, alcanza a una porción insignificante de la población que no supera el 5% de los habitantes del país.
Frente a esta situación, cualquier recurso, por modesto que sea, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para quienes se encuentran en las capas más profundas del colapso. Así, el Fondo de protección social para el pueblo de Venezuela anunciado en noviembre de 2022 parecía una pequeña luz al final de este túnel de nueve años. Sin embargo, nada ha pasado. El gobierno, la oposición, los EEUU y la ONU han pasado meses apuntándose unos a otros como responsables de las trabas para avanzar en la canalización y uso de los mas de 3 mil millones de dólares anunciados.
En vista de una emergencia que está lejos de superarse y del estancamiento del fondo social, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil exigió a fines de julio la urgente creación de dicho fondo, para comenzar a responder a la emergencia humanitaria compleja.
Entre tanto, los accidentados espacios de negociación entre el gobierno y un sector de la oposición se han enfocado casi exclusivamente en elecciones y sanciones. Si bien son temas que requieren un abordaje urgente, no es menos apremiante este colapso en que se encuentra atrapada una alarmante mayoría de la población.
Por otra parte, en el exterior cada vez se escucha más hablar de la fatiga que experimentan los actores internacionales frente a la situación de Venezuela. Se trata de un desgaste ocasionado por la percepción de que cada vez son menos las opciones y espacios para tratar de conseguir soluciones a la crisis en Venezuela. Es la sensación de que la crisis se ha convertido en algo endémico con lo que simplemente hay que aprender a convivir.
Convertir el colapso en paisaje no es una opción para quienes lo padecen cada día. La comunidad internacional debe tomar un nuevo aliento para destrabar el fondo social y reactivar el espacio de negociación en México, pues la fatiga de la cooperación y de los actores internacionales no se corresponde ni se equipara al sufrimiento de la población, que no ha cesado.