La persecución política contra la disidencia real y percibida en Venezuela se ha recrudecido en los últimos días. A las agresiones físicas y hostigamientos contra militantes de precandidatos de la oposición durante actos de campaña por un proceso de primarias que ya cuenta con candidatos inhabilitados, demandas de nulidad en curso y un Consejo Nacional Electoral (CNE) sin definir, le siguió la condena penal contra 6 líderes sindicales por supuestos cargos de terrorismo, y más recientemente, las intervenciones arbitrarias que ordenó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la Cruz Roja venezolana y el Partido Comunista de Venezuela.
A esta escalada de agresiones contra la participación en asuntos públicos y la sociedad civil, se suma otra arbitrariedad bajo una nueva orden de aprehensión dictada contra el ex alcalde de Caracas junto a una solicitud de extradición a España. Esta última acción se fundamenta en unas declaraciones ofrecidas por el ex alcalde en un programa de opinión en el exterior que, según el Fiscal General impuesto por la ilegítima asamblea nacional constituyente, configuran “los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación y asociación para delinquir”.
El mismo día en que el Fiscal General emitía otras de sus habituales declaraciones de persecución y estigmatización contra líderes opositores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) público un comunicado de prensa requiriendo al Estado “proteger el espacio cívico y garantizar la participación en asuntos de interés público sin ningún tipo de discriminación”. La CIDH manifestó que las decisiones recientes del TSJ no sólo afectan la libertad de asociación y participación política, sino que “crean nuevos obstáculos para superar la crisis institucional en un país caracterizado por la ausencia del Estado de Derecho”.
Horas después, y a diferencia del silencio ante otros pronunciamientos del organismo interamericano, el Estado le replicó a través de un comunicado. Siguiendo la línea hostil que su Cancillería dirige contra el multilateralismo –que ya ha atacado a la Unión Europea, los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, la Misión Internacional de Verificación de los Hechos, la Corte Penal Internacional, entre otros-, el Estado rechazó “el accionar obediente y mercenario de la CIDH en nuestra región, comportándose como vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica”. Además, reiteró su decisión de mantenerse desvinculado del sistema interamericano de derechos humanos, ratificando así su indolencia frente a la situación de miles de víctimas adentro y fuera del país, así como la poca o nula efectividad de la asistencia técnica en derechos humanos que afirma estaría recibiendo, y despreciando el llamado de su supuesto aliado, el presidente Petro, para volver al sistema interamericano.
Lejos de tomar acciones para mejorar el entorno institucional y democrático, el Estado intensifica su política de persecución y cierre del espacio cívico socavando con ello las posibilidades de unas elecciones presidenciales creíbles durante 2024. El incremento de la represión y del control de la sociedad civil parece asumirse como objetivo político a pesar de la presencia en el terreno de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional y de los recientes intentos con la comunidad internacional para reanudar el proceso de diálogo de México. El Estado está enviando entonces señales muy peligrosas dentro de un contexto que se supone debería atenuarlo. Por el contrario, al decidir elevar los niveles de arbitrariedad, un agravamiento del escenario de crisis humanitaria y de derechos humanos en un ambiente pre-electoral debe poner en movimiento a todos los actores que trabajan por la restauración de la democracia y el estado de derecho en el país.
Es necesario reconocer que se ha producido un punto de inflexión en la crisis política y de derechos humanos en Venezuela. La comunidad internacional no puede aceptar que agosto marque el tono de los próximos meses y menos que se conviertan en la nueva normalidad del paisaje institucional. AlertaVenezuela llama a refinar la estrategia de incidencia con el fin de no sólo detener esta ola represiva sino de generar un esfuerzo más amplio y concertado que exija condiciones para un trabajo libre, independiente y seguro por parte de la sociedad civil y que ayude a la vez a allanar el camino a unas elecciones que todavía no tiene horizontes claros.