Desde ediciones previas venimos monitoreando el agravamiento de la crisis política en Venezuela. Identificamos un punto de inflexión en la lógica de persecución por razones políticas relacionado con cierres continuos del espacio cívico, y el crecimiento del autoritarismo electoral en los albores de unos comicios presidenciales convocados para 2024.
En el transcurso de la primera semana de septiembre, los patrones de represión se consolidan. Desde el 30 de agosto, el estudiante de la Universidad Central de Venezuela, John Álvarez Peña, fue sometido a desaparición forzada hasta horas de la tarde del 31 de agosto, cuando la familia supo de su detención y lo visitó en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en los Chaguaramos, en Caracas. Al día siguiente fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo presuntamente por pegar volantes en la calle, pero la audiencia fue diferida para el 4 de septiembre, fecha en la cual el tribunal confirmó su privación de libertad por los presuntos delitos de “conspiración” y “asociación para delinquir”. Según su abogado defensor, el joven fue torturado con métodos drásticos y obligado a incriminar a un dirigente sindical y a un periodista en un video grabado por los funcionarios policiales. A John se le vincularía al caso de los seis líderes sindicales condenados a 16 años de cárcel el pasado mes de agosto.
Siguiendo la política de represión que se extiende en el ámbito estudiantil, fue conocido que un abogado vinculado al gobierno de Maduro presentó una denuncia ante el Ministerio Público para censurar la película “Simón” solicitando que no se proyecte en las salas de cine comerciales del país. A pesar de que la película fue galardonada en el Festival de Cine del estado Mérida, el gobierno busca evitar que los venezolanos conozcan o puedan rememorar la historia sobre la represión estudiantil de 2017 y sus secuelas para miles de personas que debieron huir del territorio nacional. Hoy la persecución política contra el estudiantado venezolano se reaviva de manera particular con las arbitrariedades contra John Álvarez Peña.
El 29 de agosto, Amnistía Internacional publicó el informe “Vidas Detenidas”, en el que destaca la continuación del uso de las detenciones arbitrarias como método de ataque generalizado y sistemático contra la población civil en el país y que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Según números que extrae de organizaciones, entre 2014 y 2023 se han producido alrededor de 15.700 detenciones arbitrarias y en la actualidad cerca de 300 personas permanecen detenidas por razones políticas. La organización recopila nueve casos emblemáticos que desarrollan varios de los patrones represivos como lo representan los casos de Javier Tarazona, Guillermo Zárraga, Roland Carreño, Gabriel Blanco, Emirlendris Benítez, María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo, Darío Estrada y Robert Franco.
Además, en el informe son relevados los patrones de persecución más recientes contra la población que comprenden el uso de delitos ambiguos con enfoque de terrorismo, lo que incluye tribunales con competencia en terrorismo, la aplicación preferente del delito de “asociación para delinquir” sin pruebas y con la finalidad de imponer detenciones preventivas, la sanción con condenas máximas del ordenamiento jurídico entre 25 a 30 años de prisión, y la práctica de la desaparición forzada en los primeros momentos de la detención arbitraria.
Ante el panorama de julio, agosto y comienzos de septiembre, es innegable que en Venezuela la crisis política va en una escalada alarmante y el contexto electoral incrementa los niveles de riesgo no sólo de políticos, líderes sociales, periodistas, estudiantes o defensores, sino en general de todas las personas que participan de la vida pública y que con alguna actividad puedan incomodar al gobierno de Maduro en sus intentos de afianzar su poder arbitrario y “relegitimarse” por medio de la violencia. A la configuración de un estadio más grave de control y represión sobre la sociedad debe seguirle una respuesta adecuada y proporcionada.
AlertaVenezuela se une al llamado de numerosas organizaciones venezolanas y de la Universidad Central de Venezuela exigiendo la libertad plena e inmediata del estudiante John Álvarez Peña junto al respeto a sus derechos humanos, y al mismo tiempo pide a la comunidad internacional avanzar en una estrategia concertada con las organizaciones de la sociedad civil para la protección de la población y la celebración de elecciones democráticas.